Boletín 015-2024
El Gobierno ecuatoriano ha ejecutado dos proyectos de reestructuración institucionales en los últimos siete años, pero estos planes de reajuste no necesariamente implican una reducción de los egresos en personal.
El Gobierno del presidente Daniel Noboa inició la segunda reestructuración institucional del sector público de los últimos siete años. En la mira están al menos 20 entidades de la Función Ejecutiva, incluyendo la Vicepresidencia de la República. La gestión y roles de cada entidad al interior del Estado son analizados para determinar si deben ser fusionadas, absorbidas, reestructuradas o suprimidas. Al igual que en gobiernos anteriores, esta medida aspira reducir el tamaño del Estado y el gasto corriente, y optimizar su funcionamiento. Sin embargo, proyectos de reajuste similares se ejecutaron en el pasado sin mejoras visibles en la ejecución y buen uso de los recursos públicos.
La última reestructuración institucional se realizó durante el Gobierno de Lenin Moreno tras asumir la Presidencia en 2017. Él y su equipo recibieron una Función Ejecutiva compuesta por 135 entidades. Al cierre de ese mismo año, el desembolso por pagos de personal en el aparato estatal – incluyendo a todas las Funciones del Estado – sumó USD 9.139,6 millones, monto equivalente a un 25% del presupuesto general del Estado (USD 36.673,3 millones).
