Renovación del Consejo de la Judicatura: tropiezos, prórrogas y cálculo político

Boletín 041-2025 Tras el referendo de 2011, de acuerdo con el artículo 179 de la Constitución, “El Consejo de la Judicatura se integrará por 5 delegados y sus respectivos suplentes, quienes serán elegidos mediante ternas enviadas por el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, cuyo representante lo presidirá; por el Fiscal General del Estado, por el Defensor Público, por la Función Ejecutiva y por la Asamblea Nacional” a través del proceso designado por el CPCCS.
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Boletín 041-2025

La designación de las y los vocales principales y suplentes del Consejo de la Judicatura (2025–2031) tomó más de ocho meses, convirtiéndose en uno de los procesos más extensos, inestables y cuestionados en los últimos años. El Observatorio Judicial de Fundación Ciudadanía y Desarrollo presenta su informe de veeduría al proceso señalando irregularidades, contradicciones normativas, discrecionalidades y graves vacíos de transparencia que debilitaron su legitimidad.

Entre enero y septiembre de 2025, el concurso atravesó siete reconformaciones de la Comisión Técnica, múltiples renuncias sin motivación pública, discusiones sobre inhabilidades que no fueron resueltas conforme a la normativa y una dilatación política que mantuvo a la Judicatura en funciones prorrogadas por meses. Mientras el Código Orgánico de la Función Judicial establece restricciones únicamente para quienes resultan designados, el Reglamento aplicado por el CPCCS amplió prohibiciones incluso para quienes integraban las ternas, generando contradicciones y afectando la seguridad jurídica.

La reconstrucción del proceso permite evidenciar que la etapa más crítica fue la conformación y reconformación de las ternas, que por sí sola tomó casi seis meses. Durante este tiempo, varias funciones del Estado vulneraron sus propios procedimientos internos para reemplazar candidaturas previamente designadas, como ocurrió con la Asamblea Nacional al anular su propia terna y reemplazarla en un nuevo período legislativo, o con el Ejecutivo enviando su propuesta recién en julio de 2025.

A pesar de la extensión del proceso y del evidente cálculo político que marcó su desarrollo, el CPCCS avanzó con la presentación de planes de trabajo y finalmente procedió a la designación y posterior posesión de las nuevas autoridades, cerrando un ciclo que deja importantes lecciones para el fortalecimiento institucional.

Al igual que en procesos anteriores, ponemos a disposición de la ciudadanía nuestro informe de veeduría que contiene no solo un recuento de los hechos, sino también conclusiones y recomendaciones que evidencian las graves falencias que marcaron este proceso.

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