Los primeros dos módulos estuvieron a cargo de Adrián Castro Piedra, experto en Contratación Pública, exgerente de la Empresa Pública de Movilidad de Cuenca y Asesor Jurídico en la Asamblea Nacional.
Ante la reducción del dinero entregado a las universidades y escuelas de educación superior, el Observatorio de Gasto Público presenta un análisis de las finanzas y ejecución presupuestaria de las instituciones de este sector.
Fundación Ciudadanía y Desarrollo junto a la Superintendencia de Bancos del Ecuador, organismo técnico de derecho público que forma parte de la Función de Transparencia y Control Social, en el marco del convenio suscrito para la implementación de estándares de gobierno abierto, han iniciado un proceso de actualización de la Norma de Control del Defensor del Cliente de las Entidades Financieras Públicas y Privadas.
El Pleno de la Asamblea aprobó la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario y la Ley Orgánica para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas.
Dentro de este informe se incorporan, entre otros datos, indicadores sobre el tipo de votaciones que se realizan en el Pleno de la Asamblea.
En medio del confinamiento por la pandemia del COVID-19, varias entidades del sector público contratan eventos, compran pasajes para vuelos internacionales y pagan cursos de natación vacacionales.
Exhortamos la intervención de Freddy Carrión, Defensor del Pueblo de Ecuador, para que las instituciones públicas garanticen mayor transparencia y mejor información pública en el marco de la emergencia sanitaria.
Se realizó el foro virtual “Corrupción en la Justicia: causas y consecuencias en el contexto latinoamericano”.
La RLTL se mantendrá activa en la vigilancia al trabajo legislativo y velará por el respeto a la institucionalidad democrática.
Boletín 022-2020 La Red Liberal de América Latina, RELIAL, principal unión de organizaciones liberales de la región, a la cual pertenece Fundación Ciudadanía y Desarrollo,
Dentro de este presupuesto, particularmente bienes y servicios, el Ministerio de Salud cuenta con USD 139,6 millones para medicamentos y USD 176,11 millones para dispositivos médicos.
De acuerdo con la Constitución ecuatoriana la Función Judicial tiene como potestad principal la administración de justicia.
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