En las últimas semanas se hizo pública una controversia institucional vinculada a la falta de independencia judicial y seguridad jurídica, a partir de la denuncia del juez anticorrupción, Carlos Serrano, sobre presuntas presiones internas en relación con el trámite de causas de alta complejidad asociadas a delincuencia organizada y lavado de activos. En este contexto, el juez no solamente denunció estos intentos de injerencia, sino que además presentó su renuncia, señalando la falta de medidas de protección y el retiro de seguridad policial asignada y dejó constancia documental de los hechos denunciados.
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