Boletín 038-2026
El Observatorio de Desarrollo e Inversiones (ODI) de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), con el apoyo del Centro Internacional para la Empresa Privada (CIPE), presenta su informe sobre la relación entre seguridad nacional e inversión. El documento analiza el Decreto Ejecutivo No. 448 y el Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029. El estudio advierte que, aunque el país ya cuenta con instituciones y mecanismos para controlar la propiedad en sectores estratégicos, estos todavía operan de forma fragmentada y no permiten responder de manera articulada una pregunta clave: ¿quién es el dueño final de una concesión o inversión?
Entre sus principales hallazgos, el informe reconoce como un avance que el Plan vincule de forma explícita la transparencia institucional con la atracción de inversión. Sin embargo, también identifica riesgos en su implementación, como la aplicación de medidas coercitivas contra la minería ilegal antes de contar con una vía para su formalización y las incertidumbres legales que persisten en el marco de inteligencia del que depende parte de su ejecución. A esto se suma una falta de neutralidad competitiva, pues las empresas públicas no siempre están sujetas a estándares de transparencia equivalentes a los que enfrenta el capital privado.
El análisis compara los controles existentes en minería, hidrocarburos, electricidad, telecomunicaciones y puertos, y evidencia diferencias entre sectores. Mientras algunos cuentan con mayores exigencias de trazabilidad sobre cambios de propiedad y casas matrices, otros mantienen controles limitados o inexistentes. Frente a estos vacíos, el ODI identifica cuatro alertas que requieren seguimiento ciudadano y propone dos herramientas técnicas: un mecanismo de investment screening, que permita evaluar inversiones desde criterios de seguridad nacional, y la ampliación de la declaración de beneficiario final (UBO) a sectores como minería, hidrocarburos, energía y puertos.
Ecuador no necesita construir esta arquitectura desde cero. La autoridad de competencia, las agencias sectoriales y el régimen general de beneficiario final ya existen y funcionan cada uno por su cuenta. Lo que falta es conectarlos , para que la seguridad y la inversión dejen de avanzar por caminos separados.
