Boletín 007-2020
La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, ha anunciado que el Municipio, a través del “Plan más seguridad”, contratará una veeduría ciudadana que vigile la gestión judicial. Ha afirmado que los jueces o fiscales que liberen delincuentes serán acusados de prevaricato, y además, serán destituidos.
Es necesario señalar que el control social es un derecho y un deber de los ciudadanos. Su ejercicio bajo ningún concepto puede tener un carácter contractual o una contraprestación económica proveniente del Estado. Además, de acuerdo con la normativa vigente, si una autoridad pública desea promover un mecanismo de control social, como una veeduría, debe poner bajo aviso al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que esta institución sea la que garantice la independencia del proceso.
No se debe dejar de lado que, dentro del Estado ecuatoriano, existe un régimen de competencias y descentralización claramente establecido, mismo que determina la atribuciones y facultades a cada nivel de gobierno. Es así que, el destino de recursos públicos para ejecutar una competencia no contemplada en este régimen, podría configurarse como un uso indebido de estos recursos, mismo que sería susceptible de un examen por parte de la Contraloría General del Estado.
Finalmente, es preocupante que las autoridades públicas sostengan discursos que pueden afectar el ejercicio independiente del accionar judicial, como lo es la declaración de la alcaldesa Viteri. Hacemos un llamado a evitar este tipo de expresiones que amenazan la independencia de funciones que debe existir dentro de un Estado democrático y de Derecho.
Fundación Ciudadanía y Desarrollo a través de su iniciativa Observatorio Judicial realiza este llamado en el marco de su proyecto “Justicia 2020” mismo que, con el apoyo de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, busca la implementación de la Hoja de Ruta Justicia 2020. Esta hoja de ruta plantea, entre otras cosas, el control del discurso público de las altas autoridades del Estado para evitar la injerencia arbitraria en procesos judiciales.
