El 22 de abril de 2024, con base en la normativa ecuatoriana,  presentamos una solicitud de acceso a la información a la Asamblea Nacional con la finalidad de obtener aquella información que la Legislatura, por disposición legal, debe publicar en su página web, pero no lo hace. El 27 de mayo, tras 35 días sin respuesta, interpusimos una acción constitucional de acceso a la información pública.  Pocas horas después, empezamos a recibir información parcial e inaccesible. 

La Asamblea decidió archivar el proyecto de Ley de Seguridad Digital. Este buscaba regular y mitigar amenazas, riesgos e incidentes cibernéticos, así como proteger las infraestructuras críticas digitales. Esta normativa pretendía hacer frente a las crecientes amenazas digitales, a través de la tipificación y sanción de delitos, y la creación de un sistema de ciberseguridad.