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Asamblea aprobó Ley de Alimentación Escolar

Ley Orgánica de Alimentación Escolar
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Boletín 009-2020

El jueves 13 de febrero de 2020, en la sesión 657, el Pleno de la Asamblea aprobó por unanimidad, con 96 votos, la Ley Orgánica de Alimentación Escolar, propuesta por el legislador Mauricio Proaño (bloque correísta). El legislador Jimmy Candell (BIN), ponente de la norma, señaló que el proyecto tiene como objetivo institucionalizar y fortalecer los programas de alimentación escolar que ejecuta el Ministerio de Educación durante varios años.

La asambleísta Gloria Astudillo (CREO) afirmó que la normativa debe procurar que el Sistema Nacional de Contratación Pública, priorice las compras a los pequeños agricultores de las localidades más necesitadas del país. Asimismo, la legisladora Encarnación Duchi (Pachakutik) señaló que los productos que se utilicen para la alimentación escolar deben cumplir el principio constitucional que garantiza una alimentación orgánica y libre de transgénicos.

Fernando Burbano, asambleísta de Juntos Podemos, expresó que esta Ley constituye una acto de justicia con las comunidades rurales del país, debido a que la Asamblea detectó que el programa de alimentación escolar benefició a un sólo grupo económico perjudicando a los productores locales, señaló que esta normativa reactivaría la economía de los proveedores más pequeños.

Durante sus intervenciones los legisladores condenaron los actos de corrupción que supuestamente existirían en los procesos de contratación para alimentación escolar. Señalaron además que los contratos se han realizado en un 63% en grandes empresas, 17% en medianas empresas y 19% en pequeñas empresas o emprendimientos.

Finalmente, entre los aportes a esta normativa, consta la recomendación de la Organización de las Naciones Unidas, para que el ente rector emita normativa secundaria a fin de garantizar la inocuidad y calidad de los alimentos que expenden los bares escolares.

Observatorio Legislativo pone a su disposición información sobre el trabajo de la Asamblea Nacional para su discusión y análisis. Es nuestro derecho, como ciudadanos y ciudadanas, participar en los asuntos de interés público. Sólo la participación activa nos permitirá construir un país más responsable y democrático.

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