Boletín 024-2026
El 9 de junio de 2026, la Asamblea Nacional aprobó una reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, incorporada de último momento dentro de un proyecto de ley destinado a sancionar el uso delictivo de uniformes y distintivos institucionales.
Esta disposición facultaría a la Contraloría a eliminar información clasificada como reservada o confidencial, incluidos expedientes, auditorías y otros documentos institucionales, en un plazo máximo de 30 días posteriores a la conclusión de sus procesos internos de investigación y/o análisis.
Esta medida contraviene lo dispuesto no solo en la normativa nacional sobre el derecho ciudadano de acceso a la información pública, control social y desclasificación de información, sino también en los estándares interamericanos que obligan al Estado a preservar información relevante para la debida rendición de cuentas de las autoridades públicas.
Exhortamos al Presidente de la República a vetar esta norma, evitando así que su entrega en vigencia vulnere derechos ciudadanos.
