Boletín 018-2020
En el marco del estado de excepción decretado en Ecuador por la pandemia del COVID-19, se han activado los Comités de Operaciones de Emergencia (COE) nacional, provinciales y cantonales. El funcionamiento de estos Comités está regulado por un manual, expedido por la Secretaría de Gestión de Riesgos, en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Seguridad Pública y del Estado y su reglamento.
El manual del COE establece que la gestión de riesgos se regirá, entre otros, por los principios de participación e información oportuna. Asimismo, establece como unas de las funciones de los COE la “entrega oportuna de información clara y validada a la ciudadanía sobre las afectaciones registradas, las acciones implementadas y los resultados obtenidos” además de “garantizar el acceso a la información a personas e instituciones.”
En este marco, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias ha publicado en su página web las resoluciones del COE nacional y las infografías con los datos estadísticos del COVID-19 a nivel nacional. Sin embargo, no se ha hecho público, hasta el momento, las actas de las sesiones que mantiene el COE, esto a pesar de que su manual establece lineamientos claros sobre su contenido, así como el plazo de 24 horas para que el acta de cada sesión este firmada por todos los asistentes.
El COE tiene a su cargo la delicada función de dar respuesta inmediata a esta emergencia, misma que debe ser realizada bajo los principios de máxima publicidad y oportunidad, respetando así el derecho ciudadano de acceso a la información. Es fundamental que los ecuatorianos podamos conocer quienes participan de las sesiones, cómo se toman las decisiones y cuáles son los fundamentos de las mismas.
Desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo exhortamos al COE nacional a cumplir con lo establecido en la Ley así como en su manual de funcionamiento, garantizando la transparencia y publicidad de sus acciones, de forma oportuna, completa, ininterrumpida y verificable. Esta acción es fundamental para tener a la población debidamente informada y cumplir con la obligación de las autoridades de rendir cuentas a los ciudadanos.
