Boletín 011-2023
Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD) manifiesta su preocupación por los retrasos en los procesos de designación de autoridades que se encuentran en curso, especialmente, en los concursos públicos para nombrar a las primeras autoridades de la Defensoría Pública y de la Contraloría General del Estado.
La Defensoría Pública no cuenta con autoridad titular desde 2018, en que cumplido el período constitucional, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio encargó la institución a Ángel Torres Machuca y posteriormente, en 2019, declaró desierto el concurso para nombrar a un titular definitivo. La Contraloría General del Estado ha tenido autoridades encargadas desde la renuncia de Carlos Pólit al cargo en junio de 2017. Pese a que en marzo de 2022 debía contarse con una nueva autoridad titular para un período de cinco años, la institución ha continuado bajo el mando de una autoridad encargada.
A pesar de que los procesos de designación iniciaron formalmente a finales de 2021, con la convocatoria a conformación de veedurías y de Comisiones Ciudadanas de Selección, estos no avanzan, afectados tanto por la inestabilidad institucional en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) como por acciones judiciales de garantía presentadas por postulantes inconformes por las decisiones tomadas hasta el momento.
La inestabilidad y la falta de autoridades titulares en las instituciones del Estado afecta el normal cumplimiento de sus competencias constitucionales y debilita el Estado de Derecho. Desde FCD exhortamos a todas las entidades responsables de esta situación a hacer su trabajo, cumplir con los mandatos constitucionales y, de manera urgente, designar autoridades en procesos transparentes que garanticen de manera plena la participación ciudadana y el control social.
