Boletín 033-2020
Durante las últimas semanas el país ha sido testigo de repudiables actos de corrupción relacionados con el mal uso de recursos públicos en el contexto de la emergencia sanitaria. La Fiscalía General del Estado, tras anunciar la creación de una “fuerza de tarea multidisciplinaria” el pasado 1 de junio, llevó adelante varios operativos, que terminaron en allanamientos y detenciones que son de público conocimiento.
En el marco de sus atribuciones, la Fiscalía solicitó a las autoridades judiciales ordene la prisión preventiva de varios de los investigados. Son los jueces quienes, valorando el fundamento presentado por la Fiscalía, ordenan una o varias medidas cautelares que van desde la prohibición de ausentarse del país hasta la prisión preventiva. Así, respecto de los últimos acontecimientos, se ha ordenado tanto prisión preventiva y arresto domiciliario, como prohibición de salida del país y dispositivos de vigilancia electrónica para varios sujetos investigados.
No obstante, el 4 de junio de 2020, la Fiscalía General del Estado emite un comunicado, en el cual cuestiona y expresa una «profunda preocupación» por las últimas decisiones de los organismos jurisdiccionales en estos casos, haciendo referencia específica al tipo de medidas cautelares ordenadas por los jueces.
Es necesario considerar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, ha denunciado permanentemente el uso de la medida cautelar de prisión preventiva de manera general y excesiva por parte de los Estados. Ha instado a que estos realicen “las acciones necesarias para que esta medida cautelar se utilice de conformidad con su naturaleza excepcional, reduciendo así los altos niveles de hacinamiento carcelario que caracterizan a la región.”
Ciudadanía y Desarrollo y su Observatorio Judicial observan con preocupación el comunicado emitido por la Fiscalía, pues este podría ser considerado como una forma de presión sobre los jueces. No es menos cierto que, es necesario que las instituciones que forman parte de la Función Judicial persigan de manera ágil los casos de corrupción, sin embargo este accionar debe ser ejercido con responsabilidad, de manera coordinada y respetando siempre las garantías del debido proceso y la independencia judicial.
