Boletín 052-2023
La Función Legislativa enfrenta una profunda transformación retomando sus tareas con una plantilla laboral reducida en al menos un 80%. La institución se reconfigura en un escenario poscrisis.
En abril de 2023, previo a la disolución de la Asamblea Nacional mediante la mal llamada “muerte cruzada”, la Función Legislativa contaba con 1.360 colaboradores en distintas áreas y un presupuesto anual de USD 53,3 millones. El expresidente Guillermo Lasso tomó la controversial medida el 17 de mayo pasado como una estrategia para evadir la censura en el juicio político en su contra. Al día siguiente, todo el personal legislativo, además de los 137 asambleístas, fueron impedidos de ingresar a sus despachos y oficinas en medio de reclamos, protestas y una atmósfera de incertidumbre para aquellos que, sin ocupar una curul, también perdieron sus empleos.
El edificio de la Asamblea permaneció cerrado y bloqueado por la Fuerza Pública, el trabajo legislativo se paralizó por seis meses y hasta la página web institucional quedó fuera de servicio. Para junio, la nómina de la institución se redujo en un 85%, quedando apenas 205 servidores públicos en áreas administrativas y operativas. Esta cifra de nuevo se redujo en los meses siguientes hasta octubre, que cerró con una nómina de 190 personas (88 con nombramiento y 102 de contrato ocasional).
